Martes, 18 de Diciembre de 2018 11:00

Ex superintendente de Valores y Seguros Carlos Pavez dictó charla organizada por el CARC sobre la responsabilidad penal de las empresas

Sobre las modificaciones recientemente aprobadas en la Ley 21.121, la cual introdujo cambios al código penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción, y a la Ley 23.393 sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho, habló Pavez durante la jornada.

El pasado 13 de diciembre el Centro de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información en conjunto con el Instituto de Auditores Internos A.G. realizaron la charla Responsabilidad penal de las empresas: impacto de la modificación del Código Penal para los gobiernos corporativos, la que fue dictada por el ex superintendente de Valores y Seguros, y ex presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Carlos Pavez.

Durante el encuentro, el también ingeniero comercial y abogado se refirió a los principales cambios de la Ley 21.121, entre los que subrayó el endurecimiento de sanciones para figuras de cohecho, tipificación de corrupción entre privados y administración desleal de recursos de terceros, y la ampliación del catalogo de delitos que dan lugar a responsabilidad penal de personas jurídicas.

En la ocasión, también se refirió al cumplimiento y gestión eficiente de las entidades financieras; el valor de la sanción penal en actividades reguladas, de la cual mencionó los beneficios de la cooperación entre agencias del estado; el reforzamiento de los modelos de gestión de riesgos y de los sistemas de compliance; y el costo reputacional, las sanciones administrativas, penales y de responsabilidad civil.

Pavez indicó que un sistema de cumplimiento eficiente en las entidades financieras debe tener un carácter estratégico en su diseño e implementación. Asimismo, añadió que es “necesario que exista un involucramiento de la alta dirección de las entidades financieras”.

Destacó que “los beneficios que otorga un adecuado sistema de gestión de riesgos exceden con mucho la disminución de la probabilidad de ser objeto de sanciones de distinta naturaleza”.

También agregó que la normativa recientemente aprobada responde a recomendaciones y compromisos que ha suscrito Chile con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), respecto del perfeccionamiento que debe tener nuestra legislación sobre corrupción, así como también al establecimiento de sanciones y penas efectivas, que sean proporcionales al tipo de conducta delictual cometida por las entidades financieras.

En este aspecto, explicó que existe un mecanismo de monitoreo, que es la Convención Anticohecho de la organización, que se ha establecido como el instrumento internacional anticorrupción. Manifestó que esta es efectiva cuando todas las partes involucradas implementan y se adhieren a sus normas.

Este monitoreo –detalló– consta de dos fases. En la primera, se revisan las leyes nacionales y otras medidas legales para implementar la convención, pudiendo evaluar la situación en que se encuentra cada uno. En la segunda fase, se supervisa la efectividad de los marcos legislativos e institucionales anticohecho en la práctica.