Miércoles, 12 de Diciembre de 2018 18:00

Sobre corrupción, fraude y la normativa que sanciona a las personas jurídicas trató conferencia realizada por el CARC

Durante la jornada, los expositores abordaron la modificación de la Ley 20.393, la que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho; así como también la importancia de la ley estadounidense de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA), para las empresas. También, se analizaron algunas experiencias de corrupción, tales como el caso fragatas y el caso Penta-SQM, entre otros.

“Creo que es importantísimo avanzar en este tipo de conversación, porque uno de los principales problemas que uno visualiza en todos los modelos de prevención de delito es cómo nos aseguramos de que estamos evaluando todos los riesgos que afectan a las compañías”, señaló al inicio de la conferencia Fraude y corrupción: Desafíos por los cambios normativos a nivel nacional e internacional el director del Centro de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento (CARC), Miguel Ángel Díaz.

En este encuentro, en el que participaron como expositores el abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Derecho Penal, Héctor Gadea; el ex fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo; el director Legal de Equifax, Ignacio Bunster; la vicepresidenta de Chile Transparente, Susana Sierra; y la directora de Compliance Global Consulting, Giovanna Gardella, el profesor Díaz agregó que “si no logramos comprender todas las dimensiones del fraude y la corrupción es bastante difícil que podamos tener una mirada integral que nos permita cubrir las brechas que se generan en todo el negocio y establecer los controles que se necesitan”.

El académico también destacó que la normativa internacional, tales como la Ley estadounidense de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act  – FCPA) –que establece la gestión de compliance–, y la norma británica anticorrupción “tienen una implicancia fuerte en las empresas que transan en el libre comercio internacional”, por lo que subrayó que hay que darle importancia a este tema.

Sobre este ámbito expuso Héctor Gadea, quien mencionó durante su intervención “cómo funciona la responsabilidad penal de las empresas en general y en particular de qué se trata la norma FCPA, la cual es el brazo largo de la jurisdicción de Estados Unidos sobre los hechos de corrupción o soborno en el extranjero”.

El director del CARC indicó que “si aseguramos la implementación de modelos bajo las mejores prácticas no vamos a tener ningún problema para estar cubiertos con la legislación local, así como con la legislación internacional, pero hay que tomarse en serio el tema. No basta con quedarnos con lo que la ley nos dice sino que tenemos que extendernos más allá”.

Durante la jornada también expuso el ex fiscal Carlos Gajardo, quien habló sobre algunas experiencias de corrupción, tales como el caso fragatas y el caso Penta-SQM, entre otros. Mencionó, además, algunos temas que están al debe en la materia, tales como el conflicto de interés, la protección a los denunciantes, el lobby, financiamiento a la democracia y contrataciones públicas.

“Existe la necesidad de promover una amplia cultura de integridad en los sectores públicos y privado, a través de códigos de conducta de empresas, encargados de compliance independientes, reglas sobre conflictos de interés, marco guía para el cabildeo y prolijidad en políticas públicas”, dijo.

Sin embargo, destacó la reciente modificación de la Ley 20.393 –que fue recientemente promulgada–, la que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas –que anteriormente no estaba tipificada– en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, y suma los delitos de soborno entre particulares, administración desleal, apropiación indebida y negociación incompatible. Sobre este tema expuso la vicepresidenta de Chile Transparente.

En este aspecto, el profesor Miguel ángel Díaz dijo que “los cambios que establece la Ley 20.393 son bastante desafiantes”. Manifestó que hoy en día la acción de soborno entre particulares va a generar una complejidad mayor. Por esta razón, aconsejó “avanzar en un modelo de estándar internacional”.

Añadió que con la extensión de estos delitos las áreas encargadas de estas materias se verán afectadas, puesto que son muy acotadas y con pocos recursos. Por ello, dijo que es fundamental aumentar el nivel de cobertura y utilizar nuevas herramientas para poder avanzar.